Imputados se negaron a declarar ante TOF1 de La Plata y uno de ellos acusó de «ilegal» al Tribunal

Diecisiete imputados acusados de delitos de lesa humanidad se negaron hoy a declarar ante el Tribunal Federal (TOF) 1 de La Plata, presidido por primera vez por una mujer, y uno de ellos, tras pretender burlarse de la magistrada, acusó al tribunal de «ilegal e inconstitucional».

«¿Yo sé leer y escribir y usted?», le retrucó el imputado Carlos «El Indio» Castillo a la presidenta del TOF 1 de La Plata, Karina Yabor, cuando esta, previo a indagarlo le preguntó nombre, apellido y si sabía leer y escribir.

Ante la insolencia, el juez Ricardo Basílico, vocal del tribunal le advirtió que no permitiría ningún tipo de falta de respeto hacia la Presidenta del Tribunal.

«¿Qué me va a pasar?, ¿me va a poner en penitencia o me va a poner preso?, dijo con sorna «El Indio» Castillo.

Fuera de si, el imputado, que declaraba vía zoom desde el penal de Marcos Paz se acercó a la pantalla y acusó al juez Basílico de «testaferros del terrorismo».

«Este tribunal es ilegal, inconstitucional e ilegítimo, ustedes son testaferros», acusó ya agregó que «ustedes tienen menos autoridad que un zorros gris en la esquina».

Castillo enfatizó que «el único que tiene autoridad acá para hablar soy yo que hace 12 años que estoy escuchando las pelotudeces que ustedes hablan».

«El Indio» Castillo es uno de los 18 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 210 víctimas en los excentros clandestinos que funcionaron en el Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 1, entre 59 y 60, de La Plata, y la Comisaría 8va de la capital bonaerense.

El imputado fue integrante de la banda parapolicial conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU), que en el período inmediato anterior a la última dictadura cívico-militar (1973-1976) secuestró y asesinó militantes populares que pertenecían a organizaciones peronistas y de izquierda, hechos por el que ya purga una condena a prisión perpetua.

Durante esta audiencia se llevaron adelante las indagatorias a 17 de los 18 imputados de este juicio, porque en el caso de Roberto Balmaceda, por problemas con la transmisión de la plataforma Zoom se postergó para el próximo lunes 12 de junio.

Castillo y los restantes 16 imputados se negaron a declarar haciendo uso del derecho constitucional que les asiste.

En ese marco, otro de los imputados, Ismael Ramón Verón, si bien se negó a declarar expresó que «nunca recibí ni impartí órdenes ilegales ni presencié actos ilícitos por parte de algún superior o subalterno».

Tras las indagatorias, el TOF 1 oyó un planteo de la defensa y al darle traslado al resto de las defensas, la presidenta del Tribunal debió llamar la atención del abogado defensor Eduardo San Emeterio por su insistencia en llamarla «Presidente», ignorando su género.

Yabor le recordó que tiene facultades disciplinarias y le remarcó el uso del género femenino para el rol que ocupa.

La dependencia policial de 1 y 60, que conecta también con el Cuerpo de Caballería que está en la misma manzana, en 60 entre 1 y 115, «funcionó como centro clandestino inmediatamente después del 24 de marzo de 1976, e incluso unas horas antes, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado, hasta principios del mes de diciembre del mismo».

«Luego del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976, se produjeron una serie de detenciones de personas que ya habían sido identificadas previamente», se destacó en la elevación a juicio.

Detallaron que la zona de La Plata y sus adyacencias presentaba una importante cantidad de establecimientos fabriles con un significativo grado de sindicalización.

«Con estas detenciones producidas en los primeros días del golpe, se cumplió con varios objetivos, los militantes populares, trabajadores, sindicalistas, profesionales, educadores, políticos, cualquier que sea visualizado como peligroso por las Fuerzas Armadas usurpadoras, es chupado, sacado de circulación, en forma inmediata, sin necesidad de acumular pruebas en su contra, de rendir cuentas a ningún juez de esta acción», señaló el texto de la elevación a juicio.

Con respecto a la comisaría 8va que funcionaba y aún funciona en las calles 7 y 74 de La Plata, se explicó que «el ingreso al lugar se daba mayoritariamente tras el paso por otros centros de detención y en traslados durante la noche en vehículos del ejército -como camiones- o bien en autos no identificados.

Los imputados por los delitos cometidos en 1 y 60 son Roberto Armando Balmaceda; Carlos Ernesto Castillo «El Indio»; Alberto José Crinigan; Tomás D’Ottavio; Carlos Hugo Leguizamón; Claudio Rubén Mejías; Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.

En tanto, los imputados por los delitos ocurridos en la Comisaría 8va son: Enrique Armando Cicciari; Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez y Rubén Vicente Sánchez; Jorge Héctor Di Pascuale; Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart.

Y por su accionar conjunto en 1 y 60 y la Comisaría 8va los imputados son: Lucas Marcelo Castro; Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh.

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